En los últimos días, fue noticia el desalojo del edificio donde funciona la escuela Nº 2090 “Instituto Integral de Estimulación Temprana” (Juan Diaz de Solís 2213) y la división de los alumnos en otras tres escuelas. Ante la acción de los padres y madres para visibilizar esta situación, el Concejo Municipal aprobó un pedido de informes para que el gobierno provincial de respuestas sobre diferentes cuestiones.
En el proyecto se solicita a la provincia que informe por qué se inició el desalojo de la escuela -a la que actualmente asisten entre 50 y 70 niños-; si se evaluó asignar como sede otro edificio o inmueble de la zona y si se está trabajando con la comunidad educativa para la asignación de un edificio propio.
Si bien el establecimiento fue creado en 1987, funciona en este edificio desde el año 2013, cuando se llevó adelante un convenio para que la escuela pueda desarrollar allí sus actividades. Cabe destacar que los alumnos que asisten no son solo de la ciudad sino de otras localidades cercanas. Estos niños y niñas necesitan, por determinadas patologías, un acompañamiento particular hasta que ingresan a la etapa escolar.
En el proyecto se remarca, además, si se consideró el impacto emocional y pedagógico que podría tener sobre los niños y niñas que concurren a la escuela la reestructuración del establecimiento en otros lugares. Tal como señalan los propios padres y madres, “sin un edificio propio es muy difícil poder sostener los procesos de pertenencia y establecer rutinas y/o hábitos que son tan importantes para potenciar el aprendizaje de los niños y niñas”.
“Este desalojo ha sido repentino, improvisado y genera un panorama desolador para la comunidad educativa, los padres y madres. Es urgente que reciban respuestas y que los niños y niñas no vean interrumpidas sus actividades, que son imprescindibles para su desarrollo” aseguró el concejal Lucas Simoniello, autor del proyecto que fue unificado con uno similar de Luciana Ceresola. “Estas actividades son imprescindibles para que los chicos con discapacidad de entre 45 días y 3 años puedan insertarse luego en el sistema educativo. Necesitamos respuestas que estén a la altura de las necesidades que estos niños y niñas requieren” afirmó la concejala.