El concejal Luciano Leiva (FPV) manifestó algunos reparos respecto de las construcciones que ya empezaron a habitar los vecinos. Entre los puntos sobre los cuales expresó su preocupación se encontraban los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, desagües pluviales, cordón cuneta, transporte urbano, provisión de agua, luz y gas. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de que exista un dispensario y una escuela y expresó su preocupación por la dignidad de las viviendas, haciendo referencia a los materiales con que las mismas están construidas y la dimensión de los terrenos.
Leiva afirmó haberse reunido con vecinos de la zona, quienes le habrían manifestado su preocupación y su deseo de no trasladarse a las nuevas viviendas. “Estamos ante una situación inadmisible porque de lo que se trata es de llevar a estas condiciones a más de 250 personas, creo que la mayoría no va a aceptar”, expresó el edil.
Por su parte, el concejal Héctor Acuña (Santafesino 100%) explicó que todo el cuerpo estuvo de acuerdo con la iniciativa de trasladar a las familias que habitan el reservorio y remarcó “la prudencia y la razonabilidad” con que fue planteado el tema ya que la iniciativa fue discutida con los distintos actores involucrados.
Luego, sostuvo que, al pensar en este proyecto, se plantearon necesidades como la salud, el deporte, la vivienda digna y, finalmente, expresó que es necesario respetar las normas que fueron consensuadas con los vecinos y entre los distintos sectores políticos.
Por otro lado, la concejala Adriana Molina (FPCyS) afirmó: “tengo la absoluta convicción que desde esta gestión municipal se ha tomado una muy buena decisión política y pensando en la gente”. Remarcó que las mismas viven hace más de 30 años en un reservorio y que la decisión tomada por el Ejecutivo, y posteriormente acompañada por el concejo, tuvo en cuenta lo que quiere la gente que vive allí “no desde una posición paternalista sino entendiendo que son ciudadanos y ciudadanas que el Estado debe acompañar, pero que tienen la autonomía suficiente para tomar decisiones”.
“Acá no hubo ningún traslado compulsivo y si eso hubiese sido así es necesario que nos digan nombre y apellido para hacer la denuncia que corresponde”, finalizó Molina.