En la sesión del jueves, los ediles expresaron sus posturas frente a la intervención por parte del Gobierno Nacional a la empresa cerealera Vicentin. En el DNU, el Ejecutivo detalló los motivos de la decisión, entre ellos, se destaca asegurar la continuidad de la empresa. Asimismo, la millonaria deuda de compañía con el Banco Nación fue otro de los argumentos que se utilizaron para justificar la intervención.
Al respecto, el concejal Federico Fulini (Partido Justicialista – Unidad Ciudadana) expresó: “recordar la situación que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia, una situación inédita. Las consecuencias en términos económicos son cada vez más graves por eso, ante lo extraordinario de la situación, los Estados Nacionales tienen que tomar decisiones extraordinarias. Me gustaría subrayar el término que utiliza el presidente de la Nación, el término preciso es rescate, estamos rescatando una empresa muy importante para la nación y para la provincia. Si se tiene que rescatar a la empresa es que algo no anda bien, algo está pasando en Vicentin para que el Gobierno Nacional tome estas medidas extraordinarias como lo es este rescate, esta intervención.
“Vicentin tiene un problema financiero ya que se endeudó con el Banco Nación en casi 20 mil millones de pesos y se investiga ese endeudamiento, como así también, le debe al fisco y a bancos privados”, completó Fulini.
Por su parte, el concejal Sebastián Mastropaolo (PRO – Juntos por el Cambio) afirmó que es productivo el debate y prosiguió al decir que “nos tenemos que preguntar por el motivo de una intervención, no de un rescate, cuál es el fundamento de inmiscuirse en un mercado abierto internacional que tiene reglas claras y que funciona hace 30 años de manera ininterrumpida en la República Argentina. Hay que preguntarse cuál es el fundamento de intervenir un sector de los más avanzados y productivos, eficientes que han generado la posibilidad de que Argentina crezca en la incorporación de más de 20 mil millones de dólares anuales. ¿Por qué cuándo hablamos de alimentos, hablamos de Vicentin? Estamos hablando de una empresa exportadora. El Estado lo único que va a hacer inmiscuir a actores que no corresponde que intervengan”.
El concejal Guillermo Jerez (Barrio 88) también sumó su punto de vista indicando que “desde el 5 de mayo, la Cámara de Diputados se conformó una comisión de seguimiento que ayer presentó un informe. En el texto se remarcó que el objetivo de esta comisión es hacer todo lo posible por el mantenimiento de los 7000 puestos de trabajo, impulsar la participación nacional en el negocio de la agroexportación y saber el destino de los 150 millones de dólares prestados por el Banco Nación en los últimos 4 años. De todo el informe destaco que para el 2019 la deuda de Vicentin con Banco Nación es de 300 millones de dólares. En el proceso de endeudamiento Vicentin superó los límites que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las grandes empresas, sin embargo, la empresa obtuvo la refinanciación requerida sin hacer las cancelaciones correspondientes. Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de la empresa”.
En tanto, el concejal Carlos Suárez (UCR) expresó que “el planteo del decreto es un desatino jurídico absoluto porque se intenta justificar esa designación de intervención en una previsión de la Ley de Expropiación que es la ocupación temporánea anormal. No creo que ese sea el fundamento, la intervención no se da para la ocupación temporánea anormal pero lo plantean como si la existencia de esta figura fuera el marco jurídico que la permitiera. Esa figura en la Ley de Expropiación es muy clara y no se cumple ninguno de los elementos para que se lleve adelante. Tiene que responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita, pero ninguno de esos caracteres se cumple”.
Asimismo, la concejala Luciana Ceresola (PRO – Juntos por el Cambio) sumó: “Voy a hablar sin eufemismos: esto es una expropiación. No es una intervención ni un salvataje, es una intromisión a una empresa privada. Una intromisión en una época delicada. Me parece una decisión abusiva e inconsulta”.
Por otro lado, el concejal Leandro González (UCR – Frente Progresista), señaló al Concejo como un lugar espacio donde se encuentran las diferentes miradas y por eso “celebro que en este Recinto podamos expresarnos sobre esta situación de alcance nacional. Resaltar que los primeros damnificados en esta situación y a los cuales debemos apoyar son los trabajadores y los productores que hoy tienen serias dificultades. La realidad es que a la luz de los hechos es una decisión del gobierno nacional en la que no hubo información previa ni indicios de la medida, sumado a que en la presentación no hubo funcionarios de la provincia de Santa Fe y eso habla de una decisión tomada sin la vinculación necesaria con el gobierno provincial, que no puede estar al margen".
"Por otra parte recordar que Vicentín obtuvo préstamos importantes de los dos gobiernos nacionales que antecedieron al actual, y estamos convencidos que deben investigarse los empréstitos por parte del Banco Nación por más de 18 mil millones de pesos a la empresa, pero es un tema que debe ser investigado por la justicia y debemos preocuparnos para que se pueda seguir hasta las últimas consecuencias. Por último, entiendo que este tema es agitado en el marco de la grieta política y que en algunos sectores interesa más que esa grieta resurja para que la gente se deje llevar por el blanco y negro que, como ya nos han demostrado tiempos pasados, no nos lleva a ningún lugar positivo”, concluyo González.
La concejala Laura Mondino (Santa Fe Puede Más – Frente Progresista) también se pronunció y dijo que “es un tema que requiere de mucha discusión política. No estamos hablando de cualquier empresa, Vicentin es una de las empresas más importante de la Argentina y debe seguir funcionando, no solamente para resguardar a los trabajadores directos o indirectos vinculados con la empresa, sino que tiene que seguir funcionando para resguardar la producción en la zona norte de la provincia y de toda la provincia porque hay muchos productores de nuestra ciudad de Santa Fe que hoy están siendo afectados por esta situación”.
Seguidamente, el concejal Juan José Saleme (Partido Justicialista) remarcó que es desacertado plantear una grieta y expuso un dictamen jurídico sobre “la decisión del Gobierno Federal de intervenir la empresa Vicentin se enmarca en una potestad propia de salvaguarda de los intereses de toda la comunidad. Luego de un análisis exhaustivo de la situación particular que atraviesa la empresa la cual acredita una estado de cesación de pagos que motivó su proceso concursal habiendo llegado a la conclusión de que se trata de una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes del país es que el Gobierno Nacional decidió declarar su intervención. La intervención regulada en el decreto es una ocupación temporánea”.
A su turno, la concejala Laura Spina (UCR – Frente Progresista) afirmó que “apenas comenzó el periodo ordinario presenté un proyecto para que pudiéramos hacer reuniones con diferentes sectores, cerealistas y comerciales por el concursamiento de Vicentin. Estamos discutiendo esto en este día porque somos políticos pero además porque hay intereses de santafesinos y santafesinas que son acreedores de esta empresa y necesitamos conocer el impacto en nuestra ciudad. Lo importante es salvar a la empresa, no a los empresarios porque los empresarios se salvan solos, pero si a la empresa por los trabajadores, los productores, por las pymes y relaciones económicas que tenía esta empresa y que son la mayoría de nuestra provincia y muchos de ellos de nuestra ciudad”.
Por otra parte, el concejal Carlos Pereira (UCR – Juntos por el Cambio) esta discusión la estamos dando en un momento donde la Argentina pierde alrededor de 1000 puestos de trabajos diarios y donde estan cerrando decenas de empresas pequeñas en todo el país. No quiero dejar pasar el hecho de que estamos discutiendo algo importante pero no es esencial para la economía argentina en este momento y desde el Gobierno Nacional se despliega un gran esfuerzo por salvar toda esta situación que compartimos, pero donde está previsto hacer poco y nada para salvar miles y miles de puestos de trabajo que se están perdiendo. En medio de la pandemia la ayuda a los sectores económicos fue paupérrima”.
A la vez, el concejal Paco Garibaldi (Santa Fe Puede Más – Frente Progresista) se sumó a las manifestaciones y enfatizó que “la grieta no nos arrebate a Vicentin”. Y continuó “es un tema complejo. Estoy a favor de la participación del Estado para evitar mayor extranjerización de la economía, en particular, del mercado de granos pero no podemos permitir que se nos escape de las manos, a los santafesinos, una empresa de estas características. Por otro lado, contemplar que nuevamente, en la historia de Argentina, no se termine estatizando deuda privada y que el Estado se haga cargo de ese tipo de deuda”.
La concejala Inés Larriera (UCR – Juntos por el Cambio), hizo uso de la palabra y expresó: “Entiendo que es un atropello esta intervención por lo que debe estar en manos de la Justicia. La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y claramente no puede alimentar a 45 millones. No es Vicentin el problema de la mala distribución de los alimentos en el país. Entiendo que esto tiene que ver con instalar un conflicto para tapar la falta de un plan económico y de seguridad alimentaria para que la distribución de los alimentos llegue de manera eficaz y eficiente a todos los argentinas y las argentinas”.